Este es un artículo nacionalista habitual publicado en El País el 18 de
marzo de 2014. Me he permitido hacerle un frisking, porque ya estoy más que
harto.
No existe ningún problema político tan urgente que no pueda ser resuelto
mediante una indecisión”. Se ha atribuido la frase a Henri Queuille
(1884-1970), político radical con importantes responsabilidades de gobierno
durante la III y la IV República francesa. Sea o no cierta su autoría, se
expresa con ella un estilo político que ha tenido destacados practicantes en
otras latitudes. Podría ser reconocido en la estrategia —si así cabe llamarla—
adoptada por el actual Gobierno español ante lo que algunos suelen llamar el
“desafío soberanista”. A estas alturas de la peripecia
(peripecia=”
cambio repentino de situación debido a un accidente imprevisto
que altera el estado de las cosas”, pero el desafío soberanista no ha sido un
accidente), ha quedado también bastante
claro que esta estrategia inmovilista está respaldada por la actual mayoría
política en el Congreso de los Diputados, por gran parte de la opinión pública
española y por un sector predominante de sus medios de comunicación
(¿estrategia inmovilista? Como decía con tino y gracia Fernando Savater
hace un tiempo, que a alguien le dé una crisis epiléptica no significa que los
demás tengan el deber de convulsionar al unísono. Y lo que está respaldado por
la mayoría es la Constitución, no la “estrategia” de Rajoy). Frente a
ellos, son minoría quienes desde hace tiempo o desde hace poco promueven la
superación del esquema territorial vigente para dar alguna respuesta a quienes
se manifiestan disconformes con sus resultados (
esto de
que son minoría es importante, pero no sé si te vas a acordar;
y es mejor que digas el “cambio” del esquema territorial y no
la “superación”, como si el esquema que hoy existe fuera obviamente peor que lo
que proponen sus adversarios).
En otras circunstancias, una actitud mayoritaria de firmeza inamovible y de
defensa de lo existente podría ser garantía de estabilidad y consolidación.
Pero tal actitud choca desde hace años con un inconveniente no desdeñable: la
existencia en Cataluña de una mayoría política, social y mediática que
reivindica cambios en el
statu quo de sus relaciones con el Estado y
sus centros de decisión. Aunque sin coincidir en el contenido de los cambios,
sus partidarios superan claramente a los inmovilistas (
léase
sensatos) locales. Y de esta discrepancia entre mayorías —en Cataluña y
fuera de Cataluña— nace el conflicto (
gracias por
hacérmelo ver).
Abundan las interpretaciones sobre las raíces de esta persistente
contraposición. En estas páginas se han prodigado argumentos, parábolas y
metáforas de variado ingenio y valor. Pero me pregunto si no ha pasado el
momento de las interpretaciones o de refugiarse en la complaciente idea de que
esta discrepancia nace de una astucia de clase o de una maniobra partidista sin
apoyo social
.(No te quepa duda de que surge en parte de
una “astucia de clase”. El separatista calcula. Sabe que su comunidad autónoma es
más rica que la media, y como no ve más allá del corto o medio plazo y de la
economía, piensa que saldrá beneficiado si se separa, porque así tocará a más
para él. Verlo no es una “idea complaciente”. Es aceptar la realidad) ¿No sería más
productivo explorar ya opciones de salida para un contencioso político que
pocos se atreven a negar? Examinar vías de salida es ahora más acuciante porque
es improbable que las cosas sigan como están. No es necesario invocar al
célebre presocrático para admitir que todo fluye y —dadas las circunstancias
del caso— con mayor velocidad que en otros tiempos.
A modo de ejercicio (
no creo
que sea sólo para eso) y con ánimo de provocar nuevas sugerencias,
apuntaré de nuevo cinco alternativas que se me ofrecen como pistas de
desbloqueo. La primera consiste en una recentralización gradual del sistema
existente. En realidad, parece estar ya en marcha un proceso de involución
autonómica (
por favor, dí “recentralización”, que suena
más aséptico, y no “involución”, que significa “retroceso”, como si hubiera una
dirección clara de “progresión autonómica”) si examinamos una serie de
decisiones recientes del Gobierno estatal en materias diversas: fiscal,
municipal, educativa, laboral, medioambiental, etcétera. Es una involución
(y dale) que
satisface a buena parte de la opinión española, incluso a gobiernos y
poblaciones de algunas comunidades autónomas que ven reducida su propia esfera
de autogobierno
.(¿dónde? no ha habido tanta recentralización como dices, por desgracia). En
cambio, en nada favorece la posibilidad de convencer a la opinión catalana
mayoritaria para que altere el sentido de sus aspiraciones. Más bien al
contrario.(
puede ser, pero tienen que aceptar que están
en minoría, como lo acepto yo en mil cosas que me gustaría cambiar a nivel
estatal y autonómico, pero que no puedo cambiar porque “los otros no quieren”).
Una segunda opción de sentido opuesto apuntaría a incrementar el grado de
descentralización sin variar demasiado las bases del esquema actual. A mi
juicio, es un camino abierto, pero con poco recorrido. Lo reveló el intento de
reforma estatutaria de 2006. Una eventual expansión de la descentralización sin
transformaciones de calado en el modelo no subsanaría algunos de sus defectos
capitales (
totalmente de acuerdo; por eso entre otras
cosas no hay que hacerla) ni respondería a lo que se plantea desde
Cataluña.(
claro que no; la simetría no les gusta a los
nacionalistas. Ellos han de ser más que los demás en algo).
Una tercera pista apunta a la adopción de un modelo federal.(
la enorme, tremenda, terrible tontería "marca de la casa" del
PSOE, con síndrome de Estocolmo todavía. Como si reformar la Constitución por
la vía “federal”, sea lo que sea lo que signifique eso, fuera a calmar a los
nacionalistas catalanes. O sea, que reformas la Constitución para que sea
federal, y se acabó el problema. CiU será leal y ya no volverá a pedir dinero,
nunca más habrá chantaje nacionalista en el parlamento estatal, y ERC tendrá
que disolverse porque el nacionalismo desaparecerá). La etiqueta federal
admite matices muy variados: desde el federalismo a la alemana hasta un
flexible federalismo asimétrico, tan ridiculizado hace años por algunos que lo
recuperan ahora como recurso de última hora
.(¿quién ha
ridiculizado el federalismo asimétrico y lo ha recuperado ahora? Nombres,
queremos nombres… El federalismo asimétrico fue, es y será siempre ridículo;
y la semilla de rencores futuros).
Su viabilidad depende en todo caso de que la propuesta aporte precisiones
mayores que las suministradas hasta ahora por sus promotores. Por otro lado, la
aclimatación de este principio organizativo a la cultura política española
puede ser bastante problemática a la vista de consolidadas tradiciones
partidistas y administrativas
(como la tradición
filosófica que dice que las asimetrías han de intentar evitarse, porque todos
los ciudadanos son iguales ante la ley y deben de tener los mismos derechos y
deberes. ¡Qué anticuado está eso!). Pero ello no habría de ser obstáculo
para explorar de buena fe lo que pueda dar de sí esta alternativa.
Un cuarto escenario consistiría en ampliar el acceso a la “vía navarra” al
autogobierno. Se trataría en realidad de replicar el discreto confederalismo
existente entre el Estado y aquella comunidad. O entre el Reino de España y el
Reino de Navarra, si se prefiere apelar a sus raíces tradicionales. Lo califico
como confederalismo discreto por un doble motivo: porque no es propiamente la
confederación de los manuales y porque su carácter excepcional y algo
extravagante pasa discretamente desapercibido para los acérrimos defensores de
la ortodoxia constitucional
(no es cierto; muchos
defensores de la legalidad y de la Constitución queremos reformarla para acabar
con los indeseables privilegios vascos y navarros, una anomalía democrática que
no debería existir en el siglo XXI y con la que haríamos bien en acabar por el
bien de la democracia misma) . Sea como fuere, la relación establecida
entre Estado y comunidad foral parece aceptada y satisfactoria para ambas
partes, tanto en lo simbólico como en lo competencial y en lo fiscal. Algunas
voces han sugerido recientemente —con o sin mención del precedente navarro— la
posibilidad de una relación similar entre el Estado y Cataluña, una relación
que cuenta con un ejemplo muy consolidado y que no parece haber socavado
fatalmente los cimientos del presente orden constitucional.(
no fatalmente, pero claro que los ha socavado; por eso ahora
tú puedes citarlo para pedir los mismos privilegios para Cataluña. El problema
es que eso no puede generalizarse, porque si todo el mundo tiene privilegios,
dejan de ser privilegios. Ante un privilegio, una persona decente deseará
abolirlo; los nacionalistas quieren otro privilegio igual para ellos, así son).
Finalmente, hay que referirse a la hipotética
separación entre Cataluña y España por más que se opongan a ella importantes
obstáculos legales, económicos y sentimentales. Cabe imaginar una separación
amistosa o una separación agria y turbulenta. Con costes elevados en ambos
casos y para ambas partes. Pero menores tal vez en la primera que en la segunda
(
tal vez,
sí).
Por desgracia, no parece que la separación amistosa sea imaginable a la vista
del clima que nos envuelve
(y que los nacionalistas en
el gobierno de Cataluña han hecho todo lo posible por suavizar…). Habría
que resignarse, por tanto, a que se diera la segunda. (
no,
no habría que resignarse; lo que habría que hacer es respetar la ley, aunque no
guste; dura lex, sed lex). A sabiendas de que su naturaleza conflictiva
tampoco excluiría una negociación para resolver multitud de cuestiones de
derecho y de hecho.
He dejado a un lado los aspectos jurídico-constitucionales de cada
alternativa. No porque sean insignificantes, sino porque —en desacuerdo con
ciertas posiciones inmovilistas— considero que no son los únicos ni siempre los
más determinantes para orientar el planteamiento de la cuestión y sus salidas
alternativas. Aquí están en juego otros recursos igualmente importantes que se
barajan en contenciosos de este carácter: valores simbólicos, disponibilidades
económico-financieras, dimensión geoestratégica, conexiones internacionales,
etcétera. (
pero es que la ley no es un “recurso”, como
por ejemplo pueden serlo las “conexiones internacionales” o las "disponibilidades financieras". Es la Ley. Es lo que
permite convivir en armonía en una democracia e impide que las minorías se
impongan a las mayorías. En democracia sólo es lícito elegir dentro de la ley).
Sin olvidar —como es natural— la intensidad de la movilización ciudadana o la
capacidad de imposición coactiva de cada parte.(
pocos olvidamos
el poder “duro” de ambas partes, por eso no contemplamos la independencia como
una posibilidad creíble en ausencia de cobardías gubernamentales) Todos
los recursos —y no solo uno de ellos— deberán ser aquilatados para estimar la
viabilidad de las diferentes alternativas cuando se entable la negociación a la
que indefectiblemente se llegará más tarde o más temprano, con o sin votaciones
o consultas previas.(
da por hecho que se negociará, lo
cual es sorprendente, porque a lo mejor lo único que pasa es que se suspende la
autonomía o algunos gobernantes regionales son detenidos. Al menos, si se
persiste en la intentona, no parece que un futuro negociado sea evidente. Más
se parecerá a una renuncia por una de las partes).
Una única alternativa se me presenta como totalmente inútil para superar el
bloqueo actual. Es la del impávido inmovilismo del que presumía —según dicen—
el hombre político francés citado al principio de este artículo: una forma de
gobernar que consiste en dejar pasar el tiempo sin adoptar iniciativa alguna.
Conviene recordar que este estilo de gobierno atribuido a ciertos dirigentes
franceses de la segunda posguerra mundial desembocó finalmente en una crisis
institucional de carácter terminal. Una crisis que acabó con el régimen de la
IV República, llevó al poder al general De Gaulle, obligó a adoptar una nueva
Constitución y dio paso a la independencia de Argelia y de todas las colonias
africanas de Francia. Porque cuando los dirigentes y las instituciones
existentes no son capaces de acomodar nuevos procesos sociales quiebran de
manera estrepitosa y son desbordadas por la realidad de los hechos. A corto o a
medio plazo.(
la verdad es que yo también acuso al
gobierno central de inmovilismo, pero creo que en un sentido distinto al autor.
Rajoy hace tiempo que tendría que haber suspendido la autonomía de Cataluña por
el artículo 155 de la Constitución. Tanto Artur Mas como Duran i Lleida ya han dejado
dicho que una declaración unilateral de independencia no es totalmente
descartable. Y cuando un presidente de una comunidad autónoma dice que no
descarta violar la legalidad vigente, es pasado tiempo de inhabilitarle. Y
hay que suspender la autonomía, pues cambiar sólo a una persona no serviría de nada. A CiU
les ha votado mucha gente.
La suspensión temporal sería lo más inteligente a hacer,
porque con la dirección actual de los acontecimientos, el conflicto es
inevitable, y mejor ahora que entonces, tras un año de calentamiento regional. Que dejen a los políticos de CiU un par
de años sin televisión, sin periódicos subvencionados, y sobre
todo, sin chanchullos, y verás que pronto se calman. Si fuera una opción para
Rajoy, lo más inteligente sería que la tomase. Pero es que no es una opción:
¡qué manía con considerar los artículos de la Constitución como si fueran de cumplimiento voluntario!
Josep M. Vallès es catedrático emérito de
ciencia política (UAB).(y un auténtico lince)
